Internacional. – Horas de incertidumbre se vive en Bolivia, la polarización lleva a la desesperación de ambos bandos, uno y otro se disparan bajo el ánimo de ponerle paños fríos a las protestas. La iglesia poco puede hacer debido al manifiesto gubernamental del presidente Paz, se acabó la paciencia y vamos a actuar con la ley en la mano. Estas palabras enardecieron más a los manifestantes quienes refirieron que las próximas horas son de pronósticos reservados.
Los pobladores de las ciudades vecinas con el Perú denuncian que aviones ingresa por territorio Peruano a Bolivia con la consigna de abastecer de municiones a las fuerzas del orden, además los alimentos se encarecen y el desabastecimiento es notorio lo cual es desesperante del futuro de las paralizaciones. Hasta el omento se informan de 6 muertos y un centenar de detenidos y denunciados por disturbios. En síntesis ni uno ni otro cede ante las posturas de acabar con el conflicto social.
El Gobierno de Bolivia descartó de manera categórica cualquier posibilidad de negociar o evaluar la renuncia del presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira. La exigencia de dimisión se ha convertido en la bandera principal de las organizaciones sindicales, mineras y campesinas que mantienen al país sumergido en una severa crisis política que ya cumple veintiocho días de bloqueos de carreteras y paralización de las principales actividades productivas del país sudamericano.
La postura oficial del Poder Ejecutivo fue ratificada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien endureció el discurso frente a las demandas impulsadas por la Central Obrera Boliviana y agrupaciones aliadas al expresidente Evo Morales. El portavoz gubernamental manifestó que la democracia no se negocia, sino que se defiende, calificando de inaceptable que se utilicen reclamos laborales para forzar la interrupción de un mandato constitucional que apenas inició en noviembre de dos mil veinticinco.
No descartan medidas más drásticas
Lupo remarcó que el gobierno mantendrá su apuesta por el diálogo para evitar una espiral de violencia interna, aunque no descartó la aplicación de medidas más drásticas como el estado de excepción si continúa el aislamiento vial. Como una señal orientada a destrabar las negociaciones coordinadas por la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo garantizó que los líderes de las protestas que cuentan con mandamientos de aprehensión judicial vigentes podrán acudir a las mesas de diálogo sin el riesgo de ser detenidos.
Esta condición procesal involucra directamente al dirigente obrero Mario Argollo, sindicado como uno de los principales promotores de los cercos que mantienen aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto, y cuya anulación de órdenes de captura es exigida por las bases movilizadas como requisito obligatorio para suspender las medidas de fuerza.
El impacto sanitario y el desabastecimiento en las ciudades
La prolongación de los bloqueos ha comenzado a generar consecuencias críticas en los centros urbanos y el sistema hospitalario. Personal médico y trabajadores del sector salud salieron a marchar por las principales avenidas de la sede de gobierno para exigir de forma urgente la implementación de un corredor humanitario. Los profesionales sanitarios denunciaron que los nosocomios enfrentan una alarmante escasez de insumos esenciales como oxígeno medicinal, fármacos genéricos y combustible para las ambulancias, poniendo en riesgo la atención de los pacientes críticos.
El escenario de desabastecimiento también se ha trasladado al ámbito cotidiano de la población civil, reportándose kilométricas filas de vehículos en las estaciones de servicio para conseguir gasolina, mientras los mercados mayoristas empiezan a registrar una marcada carencia de productos alimenticios básicos.
Ante la falta de acuerdos en la mesa de diálogo convocada por el vicepresidente Edmand Lara, los sindicatos agrarios y del sector Tupac Katari convocaron a la realización de un cabildo nacional con representantes de los nueve departamentos de la nación para definir si radicalizan los bloqueos hasta conseguir la salida del mandatario boliviano.
El Gobierno de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia José Luis Lupo, rechazó la posibilidad de negociar la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, demanda central de las protestas que cumplen veintiocho días en el país. El Ejecutivo calificó la exigencia de inaceptable y ofreció garantías de no detención a los dirigentes con órdenes de captura, como Mario Argollo, para entablar una mesa de diálogo promovida por la Iglesia. Mientras los sectores afines a Evo Morales evalúan radicalizar los bloqueos en un próximo cabildo nacional, gremios médicos marcharon en La Paz alertando sobre el desabastecimiento de oxígeno y medicamentos en los hospitales del país.
